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Son bastante atractivos los beneficios que tendría Colombia si es admitido como miembro de la OCDE.* Se trata de un club de acceso a mejores prácticas de gestión y políticas públicas deseables para alcanzar altos niveles de bienestar y desarrollo y que, como tales, representan un loable ideal. 

No hay nada censurable en albergar el deseo de acceder a las mejores prácticas, así co- mo todos anhelamos residir en los mejores vecindarios. Sin embargo, antes de mudarse hay que ser conscientes de lo que implica estar en esos apetecidos lugares.

Quien se mude al mejor barrio debe saber que va a pagar impuestos y servicios públicos más altos. Si la gente no es consciente de ello, le puede suceder algo desafortunado: que después de estar allí no sea capaz de soportar tales costos elevados y tenga que devolverse a un barrio cuyos gastos pueda sostener.  

En sentido semejante, casi todas las empresas aspiran a ingresar algún día a la Bolsa de New York, pues es una manera ideal de conseguir fondos y dar liquidez a sus acciones; sin embargo, solo pocas son capaces de reunir los exigentes requisitos en materia de reportes contables y financieros, buen gobierno, políticas de control y supervisión. Eso explica porqué muy pocas firmas colombianas han listado sus acciones en ese mercado. Pero las que han logrado hacerlo con éxito, indiscutiblemente, disfrutan de esos beneficios y han podido mejorar, mucho antes que la propia legislación nacional, sus prácticas de gobierno corporativo. Logran y mantienen una ventaja competitiva incomparable. 

Esta introducción es para preguntarnos si el país es suficientemente consciente del “peaje que debe pagar” en cuanto a asuntos laborales se refiere, al afiliarse a tan deseada vía hacia el desarrollo que es la OCDE. 

Para mayor ilustración, veamos rápidamente algunas de las principales recomendaciones y sus implicaciones, dentro de lo que la entidad llama “fortalecer un marco constructivo de diálogo social y asegurar los derechos laborales”, de acuerdo con el documento entregado por la OCDE al Gobierno en enero de este año. 

Una de ellas se refiere a la modificación del Código Laboral para el rol de los sindicatos en la democracia (la tasa de afiliación sindical de Colombia es la más baja en comparación con los países de la OCDE) y promover la negociación colectiva. De lo que se trata es de fortalecer el papel de los sindicatos en las relaciones laborales y de hacer de la negociación colectiva el principal instrumento principal para regular las condiciones de trabajo en la empresa. Así, sugiere la OCDE, la conveniencia de aplicar las convenciones colectivas a todos los empleados de la empresa, independientemente del tamaño del sindicato (como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE) y de permitir la negociación colectiva por industria o rama de actividad económica. 

Otra recomendación es la eliminación de la posibilidad de firmar pactos colectivos de trabajo con los trabajadores no sindicalizados. La razón es que tales acuerdos han sido objeto de abuso de los empleadores en Colombia, como herramienta para frenar el crecimiento sindical, lo cual riñe contra los principios y derechos fundamentales en el trabajo. De esta manera, han sido una de las he- rramientas preferidas por los empresarios para evitar el surgimiento de sindicatos o debilitarlos si existen, lo cual es tan mal visto como poco entendido en el ambiente de la OCDE y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En nuestra opinión, los pactos colectivos en Colombia son una especie en vía de extinción; es una figura concebida al amparo de la Constitución de1886 que no cabe en el país de la Constitución de 1991. Han sido motivo de grandes discusiones para la firma de acuerdos de libre comercio y de llamados de atención de la propia OIT. No obstante, ¿están dispuestos los empresarios a renunciar a esa posibilidad legal? ¿Están preparadas las empresas para iniciar una nueva senda de relaciones laborales?; una en la que el propósito no sea el exterminio del otro sino la convivencia respetuosa en medio de acuerdos y desacuerdos. 

Una tercera y oportuna recomendación de la OCDE es la insistencia en frenar la segmentación o atomización sindical, que generalmente busca más fueros de protección para sindicalistas, lo cual es un claro abuso del derecho de asociación. Según la OCDE, la ley debe obligar (en lugar de motivar) a múltiples sindicatos en la misma empresa a formar un solo equipo negociador para asegurar un solo acuerdo colectivo de trabajo. 

Como se observa con esta rápida mirada a tres de las recomendaciones, se trata de asuntos de hondo calado para las políticas laborales de Colombia, que implican un cambio profundo en la concepción de las relaciones laborales en el país. 

Lo expuesto reafirma la necesidad de elevar consciencia en los actores sociales, debatir y llegar a consensos fundamentales acerca de la conveniencia y oportunidad del ingreso a la OCDE. 

Es fundamental responder con franqueza a la pregunta ¿tenemos la voluntad política, capacidad y recur-sos para cumplir los compromisos en este momento? O en buen romance, ¿estamos dispuestos a pagar el peaje? El Gobierno debe liderar abiertamen-te un diálogo en ese sentido con los actores sociales, evaluando ventajas y desventajas, en el que se llegue a una conclusión clara al respecto. Por el bien del país, su buen nombre internacional y la higiene del modelo tripartito de relaciones laborales, lo que no debería suceder es que siga adelante el trámite ante esa organización sin la consciencia suficiente de las implicaciones y obligaciones derivadas del eventual ingreso a tan prestigioso club. 

Sería una vergüenza que hagamos el esfuerzo de entrar al club y no tengamos con que pagar la cuota de sostenimiento. 

Nota: *OCDE: Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.